La Coalición Cívica ARI expresa su profunda preocupación y un rechazo total a la norma propuesta por el senador Melchiori que tiene por objeto regular el Sistema Provincial de Servicios Sanitarios en el territorio de la provincia de Entre Ríos, dado que atenta contra el acceso libre a un bien vital como es el agua potable y pretende debilitar profundamente a las cooperativas de nuestra provincia.
La presidenta del partido y ex convencional constituyente, Adriana de la Cruz de Zabal, recordó que “en el marco de la convención trabajamos más de 8 meses con el resto del cuerpo, para redactar una Constitución Provincial que cuide y respete los derechos humanos de los entrerrianos y donde expresamente se prohíbe la privatización del servicio de agua potable”. Entonces, afirmó, “de aprobarse este proyecto de ley el mismo sería abiertamente inconstitucional, desconociendo la letra del artículo 85 de la Carta Magna provincial que dice expresamente que “El servicio público de suministro de agua potable no podrá ser privatizado, a excepción del que presten las cooperativas y consorcios vecinales en forma individual o conjunta con el Estado provincial, los municipios, las comunas, los entes autárquicos y descentralizados, las empresas y sociedades del Estado”.
Observamos entonces con muchísima preocupación el intento por debilitar el funcionamiento de las cooperativas y la regulación expresada por el artículo sexto de este proyecto de ley donde se establece que serán considerados las personas jurídicas privadas que provean los servicios públicos de agua potable y de desagües cloacales estableciendo requisitos estimulantes para que los particulares se presenten a competir por el servicio, en una clara afrenta al espíritu que la Convención Constituyente busco plasmar en el texto luego de ricos y laboriosos debates. En este sentido, este proyecto revela la verdadera cara del gobierno provincial y demuestra que el PJ históricamente ha utilizado las acciones de gobierno para llevar a cabo negocios oscuros, actos de corrupción, con poca transparencia y menor preocupación por el patrimonio de los entrerrianos.
Estamos frente a “un claro intento de avasallamiento del derecho al agua potable del pueblo entrerriano y de transformar el agua en un bien mercantil que pueda ser comercializado bajo las reglas tradicionales del mercado, cual neoliberalismo de los años 90” denunció la dirigente ambientalista y ex candidata a diputada nacional por la CC ARI, Rosa Hojman. “El agua se encuentra en peligro en Entre Ríos: no solo por este intento privatizador, a escondidas y a las apuradas, que desconoce el acceso al agua potable como derecho humano fundamental e inalienable para todas las personas, sino también por las crecientes amenazas que significan el avance del fracking (fractura hidráulica) para la exploración no convencional de combustibles o la propagación de proyectos termales sin un marco jurídico que otorgue sustentabilidad en el tiempo a los mismos” finalizó diciendo.
Se torna imperioso avanzar con una regulación profunda del marco normativo provincial sobre la gestión de aguas, en un proceso abierto y participativo, que contemple la voz y la visión de los distintos sectores sociales, conforme a lo estipulado por el Acuerdo Hídrico Federal que nuestra provincia ha suscripto. "Esta es la propuesta que hacemos desde la Coalición Cívica" dijeron las referentes del partido en Entre Ríos.
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